EL LAUDO ARBITRAL SOBRE LAS OBRAS DE MODERNIZACIÓN DA TODA LA RAZÓN A NUESTRA COMUNIDAD FRENTE A LA RECLAMACIÓN DE SEIASA

Nuestra Comunidad no tendrá que abonar un solo euro de los 36 millones que SEIASA le reclamaba, en concepto de la indemnización que la Sociedad Estatal tuvo que pagar a FCC y Martín Casillas tras la rescisión del contrato de las obras de modernización y el posterior encargo a Tragsa para su finalización y puesta en marcha.

 

Así lo ha dictaminado el laudo arbitral que hemos conocido hace unas semanas, el cual avala y respalda, punto por punto, los argumentos de nuestra defensa, concluyendo que la responsabilidad sobre la contratación y desarrollo de las obras correspondía íntegramente a SEIASA y, por tanto, correspondían también a ella las decisiones a adoptar en este sentido, y las consecuencias de las mismas, sin que éstas pudieran repercutirse sobre nuestra Comunidad.

 

Más aún, el árbitro se remite al Convenio firmado en su momento con SEIASA para dictaminar que nuestra Comunidad no tiene que pagar más que los 116 millones que se habían concretado con la Sociedad Estatal como límite máximo de la inversión, y que era justamente el compromiso adquirido por los regantes en su día.

 

En un expediente que ha contado finalmente con 9.555 folios, la defensa de nuestra Comunidad ha podido acreditar que toda la competencia y responsabilidad sobre la ejecución de la obra era de SEIASA y que la Comunidad de Regantes ha mantenido siempre una postura coherente y consistente con los acuerdos firmados, sin que en ningún momento haya incumplido ninguna de las obligaciones asumidas en los mismos.

 

De esta manera culmina un procedimiento de arbitraje que empezó hace aproximadamente un año y medio, cuando SEIASA, ignorando las promesas que durante más de 8 años nos hicieron llegar desde el Ministerio sobre que no tendríamos que hacer frente a esa reclamación porque no era justo que nosotros la pagáramos, presentó su reclamación en la Corte de Arbitraje, en un intento desesperado por repercutir sobre los bolsillos de nuestros regantes una indemnización que ella misma tuvo que abonar a FCC y Martín Casillas en 2010, tras resolver su contrato de obras.

 

En todo este tiempo, hemos trabajado intensamente por defender los intereses de nuestros comuneros (y si se nos permite decirlo, en defensa de la propia Justicia con mayúsculas). Pero ha merecido la pena. La gratificante sensación de que se ha hecho Justicia no nos la puede quitar nadie. Ahora, con el horizonte ya despejado y sin el peso que suponía esta losa, nuestra Comunidad puede seguir trabajando en acometer nuevos proyectos innovadores que le permitan mantenerse en la vanguardia del regadío español y euro-mediterráneo, como siempre lo ha estado a lo largo de su historia.