5 abril 2019
Los nuevos modelos de contratación promovidos por las instituciones comunitarias potencian la colaboración de actores privados y públicos desde la génesis de los proyectos. Al contrario de lo que ocurre en los países anglosajones, la colaboración público-privada ha sido sin embargo una fórmula infrautilizada en España, lastrada quizás por la falta de cultura empresarial y formación entre los directivos y los funcionarios públicos, pero también probablemente por un tipo de percepción de la relación entre la administración y las empresas basada en la sospecha y no en la confianza mutua.
Sin embargo, ese fue exactamente el modelo que se utilizó para la puesta en marcha de nuestra zona regable. Podríamos decir en ese sentido que la colaboración público-privada es una innovación que ya utilizamos nosotros allá por 1908. Y es que la constitución de nuestra Comunidad fue diferente a la de la gran mayoría de comunidades, pues la iniciativa partió de los propios agricultores, que, en un gesto sin precedentes hasta entonces, se comprometieron por escritura pública a colaborar con el Estado en la construcción y financiación de las infraestructuras necesarias para el riego. Anticiparon así una fórmula de colaboración público-privada que luego se convertiría en norma a partir de una Ley de 1911 y que curiosamente ahora se quiere potenciar para todos los sectores de actividad por parte de las instituciones europeas.